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Política
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La consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, ha comparecido esta mañana ante el Pleno de la Asamblea para dar cuentas de los procedimientos aplicados en la selección de personal en las políticas activas de empleo que gestiona el Gobierno local y, más concretamente, para aclarar la acusación de tráfico de influencias de la que se la ha acusado tras hacerse público un escrito de la Ciudad, dirigido al antiguo INEM, en el que se reclamaba a su hermana para ocupar un puesto de auxiliar administrativo en colaboración social.

Bel, que ha dicho tener "total tranquilidad", ha aclarado en primera instancia que una colaboración social "no supone un trabajo en el Ayuntamiento, ni fijo ni eventual", y para ser beneficiario "se tienen que cumplir una serie de requisitos como son cobrar el subsidio por desempleo, no cotizar a la Seguridad Social y cobrar entre 400 y 500 euros ".

La consejera ha declarado, "sin ningún tipo de miedo", que "todavía existen políticos que no utilizan su puesto para beneficiar a familiares porque sería indebido e injusto, tanto como el vetarlos por su apellido o grupo político".

"Mi familia es normal y saben lo que es vivir con una pensión mínima, hacer malabares para llegar a fin de mes, estar en riesgo de exclusión social e, incluso, pedir una bolsa de alimentos; no me avergüenzo, sé de dónde vengo, no desciendo de la pata del Cid, y a dónde voy y jamás utilizaría mi puesto para meter a un familiar en cualquier sitio", ha introducido.

Bel, quien ha denunciado que "se ha violado la Ley de Protección de Datos de mi hermana" al salir publicados todos sus datos en prensa, reitera que su familiar "cumplía todos los requisitos para ser preceptora de la colaboración social, además en el expediente se incluía a más personas, y si yo hubiera ejercido la más mínima influencia estaríamos hablando de cosas mayores, no de esas condiciones y un sueldo de 500 euros; síntoma suficiente de que no he influido".

La consejera apunta que si ella hubiera tenido algo que ver, tendría que haber hablado con la Delegación del Gobierno, a través del INEM, "opción totalmente descartada porque en ese año gobernaba el PSOE", o con el funcionario que hace la propuesta, quien emite una nota aclaratoria en la que especifica que el Jefe del Negociado de Empleo "no realizó ninguna demanda". Por otra parte, Bel aporta un certificado del INEM en el que se indica que la hermana de la política "fue enviada por el propio servicio de empleo público por cumplir los requisitos y siguiendo los mismos criterios que para las demás colaboraciones sociales", y va más allá puntualizando que "yo no era competente de Empleo" en el momento al que se remontan los hechos, año 2011, sino que tomó el área el 27 de abril de 2012.

Bel ha explicado que, con anterioridad al caso en cuestión, el procedimiento de adjudicación de las colaboraciones sociales consistía en que el INEM enviaba a las personas que seleccionaba al área de Empleo y, al comunicárseles las condiciones, rechazaban el puesto por lo que se le retiraba el subsidio. Por ello, en febrero de 2011, se cambia el proceder, de manera que la consejera de Empleo no era competente para la elección pero proponía demandante que se hubieran interesado en obtener una colaboración social para que el propio INEM tuviera la última palabra.

Sin embargo, en el año 2012, cuando Bel asume el área de Empleo, vuelve a cambiar el procedimiento y las peticiones de personal "se hacen de forma genérica al considerar que la evolución del escenario socio-económico es diferente y existe más necesidad".

La número dos de los populares se respalda en tres cuestiones principales para desmontar las acusaciones recibidas: que no era la consejera de Empleo en aquella época; que ni ella ni ningún miembro del Gobierno ha influido, directa o indirectamente, en beneficio de su hermana; y que el certificado del INEM valida la colaboración social, al cumplir todos los requisitos exigidos.

Para los grupos de la oposición, Caballas y PSOE, las explicaciones de la consejera han sido "insuficientes y evasivas" y no han visto resuelta la cuestión que consideran "esencial": "¿En qué se basaban para incluir en las listas de demandados unos nombres sí, como el de su hermana, y otros no?". Por lo que ambos portavoces han pedido, aunque de diferentes maneras, la dimisión de la consejera, quien ha respondido de manera rotunda: "No voy a dimitir porque no tengo motivos, pero sí la suficiente honestidad y vergüenza para hacerlo si hubiera influido".

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