Tribunales
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La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el sobreseimiento de la causa por presunta prevaricación del consejero Fernando Ramos en la concesión de la ampliación horaria de sus establecimientos en las fiestas navideñas del año 2016.

De esta manera, se ha acordado la continuación de la instrucción de los hechos denunciados por MDyC en un auto firme y contra el que no cabe recurso alguno; reanudándose así la investigación.

La formación de Fatima Hamed presentó la denuncia en 2017, entendiendo que se daban los elementos objetivos que el Código Penal exige para este tipo de delitos en el hacer del consejero de Festejos en ese momento, que resolvió -en un solo día, incumpliendo la normativa local y sin los informes preceptivos- el expediente por el que se concedía la ampliación horaria de sus establecimientos de ocio en el periodo navideño, dándose una competencia desleal sobre el resto de locales de la ciudad y propiciándole un beneficio económico.

Las presuntas irregularidades se dieron, concretamente, en la concesión de un permiso extraordinario de ampliación de horario de apertura para los días 24 y 31 de diciembre de 2016 de los pubs Tokio y Dublín, propiedad de la entidad Superdrink S.L., cuyo administrador único es precisamente Ramos; permiso al parecer solicitado por la mujer del consejero y concedido de forma urgente y extraordinaria antes de verificar una serie de requisitos reglamentarios.

El Juzgado de Instrucción nº6 dictó un auto de sobreseimiento por considerar que no estaba debidamente justificada la perpetración de un delito de prevaricación atribuible a Ramos. Una resolución que fue recurrida en apelación por la representación del Ministerio Fiscal el 1 de junio de 2018, mientras que por parte de Ramos se impugnaba dicho recurso y solicitaba la confirmación de la resolución recurrida.

El recurso del Ministerio Fiscal señala, en resumen, que solo se había recabado un expediente que parece incompleto desconociéndose si los requisitos para otorgar el permiso llegaron a cumplimentarse, por lo que considera que ha existido premura en el sobreseimiento de la causa. Por ello, se señala que sería necesario recabar la información sobre expedientes de años anteriores para determinar el tipo de actuación y los posibles delitos cometidos.

La Audiencia Provincial ha estimado el recurso. En primer lugar, porque como bien señala el Ministerio Fiscal, el expediente administrativo enviado por la Ciudad Autónoma o no se ha remitido de forma completa o no consta que se haya realizado unos informes preceptivos y así poder considerar completa y correcta la tramitación del mismo.

Para la concesión de un permiso extraordinario de ampliación de horario de apertura como el denunciado, se requiere el informe previo sobre molestias a los vecinos por ruidos y el informe de la Dirección General de Seguridad que establece el art. 7 del reglamento de la Ciudad Autónoma de Ceuta que regula los horarios de apertura y sus modificaciones.

Sin embargo, solo consta un informe de una funcionaria como Técnico de Inspección Turística donde ubica de forma defectuosa los establecimientos hosteleros mencionados y señala que procede conceder la autorización sin contar con dichos informes "como en años anteriores y según las costumbres". Posteriormente, Ramos aprobó la solicitud (donde vuelve a figurar de forma defectuosa la ubicación de los locales Tokio y Dublín) de forma provisional "dada la urgencia" y solicita en el mismo acuerdo el informe de molestias por ruido.

Con dichos datos, la Audiencia Provincial comparte con el Ministerio Fiscal que es apresurado el sobreseimiento libre de la causa, por lo que debe proseguir la investigación y, como se solicita por la acusación pública, averiguar si se concluyó el expediente o no y, en el primer caso, que se aporten los informes reglamentariamente exigibles, se informe si ha habido peticiones similares en años anteriores y, en su caso, los expedientes derivados de los mismos, así como por supuesto la declaración de los investigados.

Una vez recabada la anterior información será, entonces, cuando pueda descartarse en su caso la existencia de un delito de prevaricación administrativa, de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o, incluso, la intervención de terceros por la vía del tráfico de influencias.

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