
El Gobierno español estableció unos límites para los pagos en efectivo en 2012. El objetivo era prevenir y combatir el fraude fiscal, y para conseguirlo se prohibieron los pagos en efectivo de operaciones por un importe igual o superior a 2.500 euros, con la única excepción de los pagos entre particulares y los realizados en entidades financieras. Sin embargo, en 2021 ese límite se redujo aún más, quedando fijado en 1.000 euros.