La flota pesquera alerta de los efectos graves que puede tener para el sector unos gravámenes al gasóleo
Economía
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La patronal de armadores Cepesca ha alertado este martes de los efectos "graves" que puede tener en el sector pesquero la aplicación de una política de gravámenes al gasóleo, tal y como plantea una propuesta de directiva comunitaria para reestructurar los impuestos sobre productos energéticos.

Cepesca ha señalado en un comunicado que dicha propuesta, enmarcada en el Pacto Verde europeo, prevé establecer un impuesto al gasóleo de 3 euros por cada 100 litros de combustible a partir de 2023, lo que a su juicio supondría una "grave desestructuración del frágil equilibrio" de la actividad pesquera.

El presidente de Cepesca, Juan Manuel Liria, ha señalado que, a medio plazo, "pondría en riesgo la soberanía alimentaria europea" frente a los intereses de otras zonas geográficas como la asiática, "actualmente inmersa en una guerra abierta y desleal para acaparar con sus flotas, en muchos casos ilegales, los recursos marinos".

El combustible supone un torno al 40 % de los costes de la actividad de la flota española, "ya de por sí con unos márgenes realmente ajustados".

Además, según Cepesca, los objetivos que esgrime la Unión Europea (UE) para aplicar este impuesto ya han sido "prácticamente alcanzados" por la flota pesquera comunitaria y española.

Con el citado gravamen, la UE quiere reducir el 55 % de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero de la flota UE en 2030, respecto a los de la década de los noventa, e incentivar la aplicación de mejoras en la eficiencia energética, así como energías alternativas (hidrógeno, gas, electricidad e hibridación), según la misma fuente.

Sin embargo, Cepesca ha remarcado que la Comisión Europea (CE) ha de ser consciente de la reducción del 48 % de la flota pesquera comunitaria desde los años 90 y de que las emisiones del sector han disminuido un 18 % en los últimos diez años.

En su opinión, "la oferta de gasóleo más barato en otros puertos no comunitarios provocará que las flotas dejen de operar en los puertos españoles y comunitarios, lo que induciría al desabastecimiento de materias primas y a la consiguiente pérdida de la soberanía alimentaria actual".

La patronal ha mencionado, en este sentido, la "pérdida de miles de puestos de trabajo" porque esa deslocalización portuaria afectaría también a los centros de almacenamiento frigorífico, las plantas de procesado y gran parte de la cadena de valor.

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Ceuta, Lunes 27 de Junio del 2022

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