El Tribunal de Cuentas analiza los contratos de emergencia de la covid-19 realizados en Ceuta
Economía
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El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo.  Se trata de las Comunidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Región de Murcia y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Esta es la quinta fiscalización específica sobre contratación de emergencia de las 7 programadas por el Tribunal de Cuentas que, además, realizará un Informe Global cuya aprobación se prevé en 2023, que pretende exponer de manera agregada los principales resultados obtenidos en el análisis de esta materia en todos los ámbitos sectoriales y territoriales.

El informe aprobado por el Pleno concluye, según la información recabada por el Tribunal de Cuentas, que estas Comunidades y Ciudades Autónomas celebraron 8.855 contratos de emergencia vinculados con la pandemia ocasionada por la crisis sanitaria, por un importe total de 576 millones de euros. De este importe, 452 millones de euros correspondieron a contratos de suministro, de los cuales el 80%, 361 millones de euros, tuvieron por objeto material sanitario como mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, batas, gafas, pantallas protectoras, entre otros.

Por Comunidades Autónomas, Cantabria adjudicó un total de 40 millones de euros, de los que 32 millones de euros fueron contratos de suministro. De esta cantidad, 22 millones de euros se destinaron a material sanitario y, concretamente, 5 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,50 y 0,40 euros, y el de las FFP2 entre 2,62 y 1,05 euros.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que en el momento de la fiscalización no contaba con órgano de control externo, adjudicó 241 millones de euros, de los que 220 millones de euros fueron contratos de suministro. De esta cantidad, 174 millones de euros correspondieron a material sanitario y, concretamente, 100 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,39 y 0,26 euros, y el de las FFP2 entre 2,20 y 0,80 euros.

La Comunidad Autónoma de Extremadura adjudicó un total de 108 millones de euros, de los que 59 millones de euros correspondieron a contratos de suministro. De esta cantidad, 47 millones de euros fueron relativos a material sanitario y, concretamente, 10 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas fue de 0,18 euros, y el de las FFP2 osciló entre 2,38 y 1,75 euros.

En el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja las adjudicaciones lo fueron por valor de 27 millones de euros, de los que 23 millones se destinaron a suministros. De esta cantidad, 21 millones de euros fueron relativos a material sanitario y, concretamente, 6 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,56 y 0,46 euros, y el de las FFP2 osciló entre 2,49 y 1,94 euros.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adjudicó un total de 147 millones de euros, de los que 116 millones de euros corresponden a contratos de suministro.De esta cantidad, 95 millones de euros fueron relativos a material sanitario y, concretamente, 24 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,78 y 0,28 euros, y el de las FFP2 osciló entre 3,75 y 0,95 euros.

Por lo que respecta a las Ciudades Autónomas, Ceuta adjudicó 8 millones de euros de los cuales 2 fueron suministros. De esta cantidad, un millón de euros fue relativo a material sanitario y, concretamente, 0,5 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas fue de 0,91 euros, y el de las FFP2 fue de 3,61 euros. Melilla contrató de emergencia por valor de 5 millones destinando a suministros 1 millón de euros. De esta cantidad, 0,5 millones de euros fue relativo a material sanitario y, concretamente, 0,2 millones a mascarillas. El precio de las mascarillas homologadas reutilizables fue de 2,75 euros.

Para esta fiscalización el Tribunal de Cuentas ha examinado una muestra de 421 contratos por importe de 406 millones, cifra que representa el 70% del importe total de los contratos de emergencia vinculados al COVID-19 en las CCCAA y Ciudades Autónomas objeto de examen.

En la mayoría de los casos el objeto de los contratos fiscalizados estuvo directa o indirectamente vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria causada por la pandemia, siendo bajo el número de contratos (39 de un total de 421 fiscalizados, 9% de la muestra) en el que se advirtieron incidencias en relación con la justificación.

En cuanto a los límites temporales a los que se somete el inicio de la ejecución en la contratación celebrada mediante la tramitación de emergencia, se han advertido incumplimientos en un escaso número de contratos (3 % de la muestra), en los que había transcurrido más de un mes desde la declaración de emergencia hasta el inicio de su ejecución.

Recuerda el Tribunal que siempre que resulte compatible con la atención a la emergencia que se trata de resolver o, en su caso, atendida la necesidad que motiva la emergencia, en el marco de las buenas prácticas, habrá de formarse expediente contractual, lo que se ha llevado a cabo en la mayoría de las ocasiones.

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Ceuta, Martes 31 de Enero del 2023

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