El último boletín de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) eleva a 1.137.000 la cifra de consumidores acogidos a los descuentos por bonos sociales en su factura de la luz. La cifra ha caído por debajo de la mitad respecto a los más de 2,5 millones que había en 2015, y muestra el escaso uso de una herramienta que podría reducir la factura de los consumidores al menos un 25%.
ADICAE calcula en cuatro millones la cifra de hogares que podrían beneficiarse de estos bonos sociales. Las causas principales del descenso de beneficiarios son una tramitación innecesariamente farragosa y una gran lentitud por parte de las eléctricas, que desincentiva las solicitudes de los consumidores, obligados a un enrevesado papeleo para demostrar su nivel de renta.
El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, considera necesario un mayor impacto de este bono social, una medida muy factible para "reducir la lógica preocupación" de buena parte de los consumidores con la escalada de precios de la luz. Manuel Pardos espera que ese escenario de plena colaboración entre el Ministerio y las asociaciones de consumidores se traduzca en este tipo de medidas, "que permitan a los consumidores una solución duradera a largo plazo".
ADICAE defiende la pertinencia del actual modelo del precio regulado (PVPC), y en ese sentido irán las repuestas de la asociación ante la consulta planteada por el Ministerio sobre su posible modificación. Manuel Pardos valora positivamente la actitud de la ministra Ribera, plenamente abierta a las aportaciones de las asociaciones, y considera que este precio regulado "ha sido muy positivo para los consumidores aunque ahora presente problemas". La asociación defenderá únicamente modificaciones que impliquen "un modelo mejorado y estable para los consumidores".
