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La Policía Nacional registró las oficinas de Emvicesa en el Ceuta Center. Archivo LVC
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El conocido como “caso Emvicesa” ha puesto en auténtico jaque no sólo al Gobierno ceutí sino que también ha hecho que se muevan algunos cimientos en el PP a nivel nacional.

La decisión de la jueza Raquel Lucini de levantar el secreto de sumario ha dejado al descubierto una auténtica trama donde cada uno desempeñaba su papel y que todavía sigue en proceso de gestación puesto que no se descarta nada en un proceso donde ya han sido detenidas más de una treintena de personas, cuatro de las cuales se encuentran en prisión.

“La Verdad de Ceuta” también ha tenido acceso al sumario que vamos a resumir en varios apartados, para mejor comprensión de los lectores, teniendo en cuenta que son más de 5.000 folios.

I. Comisión de la Vivienda

El auto de la detención de las ya exconsejeras Rabea Mohamed y Susana Román así como del diputado Mohamed Alí habla de “graves conductas ejecutadas para separarse de la legalidad aplicable a las adjudicaciones”, mientras que en el caso de la exconsejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, se añaden sospechas de haber favorecido a familiares para la concesión de VPO en las 170 viviendas.

Roman Rabea Ali

El auto determina que la Comisión Local de la Vivienda no jugó el determinante papel de velar por la legalidad vigente ya que el auto de esa detención es categórico al señalar a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda así como a las “grandes expectativas de criminalidad, los indicios contundentes y la gravedad de actuaciones que superan las irregularidades administrativas para alzarse en verdaderos indicios de delito que, además, vienen apuntalados con graves conductas ejecutadas, de forma voluntaria y consciente de querer separarse de la legalidad vigente aplicable a los procesos de adjudicación de vivienda pública, mirando para otro lado”. Todo ello, asume la magistrada, para convertir un proceso de adjudicación de viviendas en algo “caprichoso, oscuro, ilícito, interesado, arbitrario y tremendamente inquietante para el imparcial observador”.

La jueza alude a aspectos como “no enseñar al ciudadano el proceso de adjudicación, apagando la luz de la legalidad durante el mismo, y llegando a incumplir requisitos tan fundamentales como la publicidad del inicio del proceso, la elección del tipo de proceso de adjudicación, la atribución de tantos por cientos de los cupos, la falta de baremación de los mismos, la creación de figuras ilegales de atribución directa de vivienda, ‘el compromiso’, la aprobación de listas de compromisos no recogidas legalmente, los votos a supuestas listas de adjudicatarios o el permitir la entrada de adjudicatarios sin tener dicha cualidad al no estar aprobada la lista definitiva”.

II. Actuaciones policiales.

El auto revela que cuando los agentes de la UDYCO supieron del regreso de Antonio López a Ceuta, procedieron a compaginar las intervenciones telefónicas con los controles de todos sus pasos.

“Llama la atención que Antonio López ha cambiado su imagen prácticamente en su totalidad y que en el trayecto hacia su domicilio, al pasar por delante de la Jefatura Superior de Policía, Antonio hace unos ademanes bastantes evidentes para taparse el rostro, poniéndose el pelo en la cara, para una vez pasada esta zona, a su llegada a la plaza de África, adopta una postura más normal y se echa el pelo hacia atrás”, revela el auto.

En Ceuta, Antonio López se reunió en un banco por lo que la policía entiende que necesitaba solvencia para “reunirse con clientes” ya que “quería dar la cara, aunque no pueda devolver el dinero ahora”, lo que se interpreta como “una manera de mantener callados a los ‘clientes’ y evitar denuncias”.

Todos los encuentros de Antonio López fueron captados por las cámaras de la Policía que, de forma insistente, hace alusión a las medidas de seguridad adoptadas en los encuentros.

III. Cuadros y patrimonio

En el registro llevado a cabo por la policía se le encontró a Antonio López un montón de tarjetas manuscritas en las que se le solicitaba atendiera a distintas personas que venían ‘recomendadas’ por lo firmantes. Además se hallaron 14 pagarés de 1.000 euros cada uno.

En el registro policial en la vivienda de Antonio López también se intervinieron varias antigüedades y objetos de valor, entre ellos litografías de Miró y Picasso.

La UDYCO llevó a cabo la denominada ‘Operación Time’, que recoge la investigación patrimonial y bancaria que se efectuó sobre el que se considera “principal investigado”, quien, “aprovechando su cargo otorgaba viviendas de manera ilícita a ciudadanos que previamente habían pagado entre 8.000 y 15.000 euros, según la característica de la vivienda”.

Antonio Lopez registro en su casa a 15 02 16

“Tras la valoración expuesta, sin incluir gastos de reformas y mobiliario de inmuebles, gastos corrientes, cuotas de préstamos e hipotecas (que en determinados ejercicios fiscales han llegado a superar los 7.000 euros mensuales), viajes, suministros de hogar, seguros, gastos de compraventa de inmuebles y valores, etc, hace que el señor López Fernández, disponga de un patrimonio total aproximado de 2.647.453,57 euros”.

“Este investigado obtuvo unos beneficios derivados de su actividad laboral, durante el tiempo que ejerció como empleado de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que podrían superar levemente los 300.000 euros desde mediados del 2007 a mediados del 2015. Así mismo obtuvo, en total, por las hipotecas de los inmuebles referidos anteriormente, la cantidad de 807.052,69 euros”, detalla el auto.

La conclusión de la UDYCO es : “Este señor ha tenido un incremento patrimonial desmesurado (más de 1.500.000 euros aproximadamente) para los ingresos obtenidos como empleado público, lo cual hace inferir a estos investigadores que, dicho incremento, ha podido derivarse de las actividades ilícitas que se investigan en las diligencias previas”, matizan.

IV. Listado de Servicios Sociales

La instrucción judicial supuso la toma de declaración a varios trabajadores de los Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta en calidad de testigos, los cuales negaron haber hecho nunca listado alguno con baremación de los usuarios de Servicios Sociales para enviarlo a Emvicesa.

La inexistencia de esa baremación en Servicios Sociales es vital para la investigación porque podría suponer la arbitrariedad en la asignación de viviendas dentro de ese cupo.

Un trabajador de Servicios Sociales declaró: “en la promoción 317 mandaron una lista con todos los beneficiarios de alquileres y las pensiones, se mandó mediante un escrito registrado con la firma de la jefa del servicio, lo mandaron en el mes de agosto”.

Policia nacional ordenador  requisado 17 02 17

“Que de la lista de las 170 exhibida por la UDYCO había personas que no eran ni siquiera usuarios de Servicios Sociales y nunca han mandado nada. Que no sabe quien ha metido a la gente de la promoción 170, que es una de las grandes preguntas que se han hecho dado que 30 personas no constaban ni en la base de datos de servicios sociales, que nunca han informado en ninguna promoción salvo en la 317 buena y que para dar una vivienda, Servicios Sociales no puntúan, solo bareman para dar ayudas al alquiler, no tienen criterios para baremar la adjudicación de vivienda porque ellos no adjudican. Que nunca le han dado una lista a la consejera, porque ellos no hacen lista”, ha revelado.

Los testimonios de los trabajadores de Servicios Sociales detallan que “no han baremado, en ningún momento les han dado criterios para poder baremar ni tampoco las bases en las que hacer la baremación”.

V. Promociones e implicados

La jefa de servicio de Asuntos Sociales desde 1989, Josefina Castillo, prestó declaración y dijo que “técnicamente” no participó “en ninguna promoción en el tema de la baremación, no ha participado ni ha baremado a personas que se hayan encontrado en especial situación de desamparo en ninguna promoción. Considera que deberían haber tenido participación pero no ha sido así”, según el sumario.

“No le consta haber firmado y registrado ninguna lista de posibles adjudicatarios para presentarla en la Comisión Local de la Vivienda y desconoce cómo han adjudicado las viviendas por el cupo de Servicios Sociales y quién barema la lista”, dijo la jefa de servicio.

La jefa de servicio “desconocía” que hubiese cupos para Asuntos Sociales en las promociones de viviendas públicas y atención, “cuando estuvo la UDYCO y le presentó un listado y estuvieron comprobándolo, había personas que ni siquiera se encontraban en Asuntos Sociales y habían resultado como adjudicatarios”.

El actual senador por Ceuta, Guillermo Martínez, aparece en el sumario del ‘caso Emvicesa’ como una de las personas investigadas por la UDyCO, junto al exsecretario general del PSOE, José Antonio Carracao.

El exconsejero del PP Guillermo Martínez ocupó la Presidencia en decisiva reunión de la Comisión Local de la Vivienda del 13 de febrero de 2012, es decir, fecha de la aprobación del inicio del procedimiento de adjudicación de la promoción de las 170 de Loma Colmenar.

La investigación subraya que Guillermo Martínez no participó en todo el procedimiento porque en el mes de mayo le suplió en el cargo Susana Román. Sin embargo, ya en el acta de aquel encuentro, se hicieron “evidentes las primeras irregularidades que facilitan que el procedimiento finalice de forma totalmente ilícita”.

La investigación también habla del exsecretario general del Partido Socialista de Ceuta, José Antonio Carracao pero la instrucción no encontró suficientes razones de criminalidad que motivaran su puesta a disposición judicial ya que la razón fundamental es que Carracao, a pesar de ser integrante de la Comisión Local de la Vivienda, “no acudía a ninguna reunión”, por lo que “no se evidencian los mismos criterios de imputabilidad”.

Jose Antonio Carracao en los  juzgado EMVICESA A 28 02 17

Carracao formó parte de este órgano entre 2011 y 2015.

VI. Políticos y situación

El informe de la Policía considera a Antonio López como el presunto líder ya que está relacionado con los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias.

Los empleados de Emvicesa están relacionados con los delitos de prevaricación y falsedad documental salvo en el caso de una de las empleadas detenidas en las que se considera que podría ser acusada también de un presunto tráfico de influencias al investigarse la adjudicación de una vivienda a un hermano.

Caso Colmenar emvicesa3

A Rabea Mohamed, Susana Román y Mohamed Alí se les relaciona con una presunta prevaricación y falsedad documental, por la acusación de falta de control y por considerarse ilegal todo lo relacionado con la baremación que debía llevarse a cabo, mientras que en el caso de Rabea Mohamed se alude a un presunto tráfico de influencias al aparecer algunos familiares como adjudicatarios de viviendas en otras promociones.

A los colaboradores de Antonio López se les relaciona con esa presunta organización criminal además de un delito de cohecho al estar presuntamente relacionados con el cobro de dinero para adjudicar las casas.

El exdiputado y exgerente del Partido Popular, Jesús María González Barceló, también ha sido otra de las personas señaladas puesto que, según se refleja en el sumario, no se lograron encontrar indicios racionales que determinaran su participación en el, supuestamente, irregular procedimiento de adjudicación de viviendas.

Eso sí, en la instrucción también se puntualiza que la situación de Barceló se encuentra en “una línea limítrofe muy pequeña entre lo que se establecería como un presunto delito de tráfico de influencias y lo que el propio Barceló calificó como “favores”.

VII. Dimisiones y ceses.

El ex gerente del PP y asesor del presidente de la Ciudad Jesús González Barceló ha sido el último cesado en este caso que comenzó con las dimisiones de las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed.

“El señor Barceló se encuentra en una línea limítrofe muy pequeña entre lo que se establecería como presunto delito de tráfico de influencias y lo que él mismo llama como ‘favores. No se tienen indicios racionales de participación en los hechos investigados salvo que se produzca algún hecho novedoso que cambiara el sentido de su figura jurídica”, cita el sumario.

VIII. Organización criminal.

El caso Emvicesa ha destapado toda una red de compraventa de adjudicaciones de viviendas públicas, que la propia jueza ha definido como una organización criminal.

En el sumario, la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Policía Nacional (UDYCO) ha incluido en varias ocasiones conversaciones telefónicas entre el principal investigado, Antonio López, y su abogado Juan Alinquer, hablando sobre la causa en la que está inmerso y sobre la existencia o no de novedades, entre otros asuntos.

IX. PP nacional

El asunto del caso ha motivado incluso la preocupación del PP a nivel nacional, como demuestra que el propio Juan Vivas tuvo que acudir a Madrid para dar explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo.

Cuando el presidente ceutí llegó de la capital se produjo la dimisión de las dos consejeras implicadas, tras lo cual Juan Vivas se presentó ante los periodistas para dejar claro que había acudido a Madrid por voluntad propia.

X. Futuras actuaciones

El actual senador por Ceuta, Guillermo Martínez, aparece en el sumario como una de las personas investigadas por la UDyCO, junto al exsecretario general del PSOE, José Antonio Carracao. “Presuntos participantes de algunos de los hechos que se imputan en la investigación” a pesar de que “faltan criterios” para su detención.

 PP Guillermo Martínez 04 16 archivo

En el particular caso de Martínez, al ser parlamentario en la Cámara Alta, no puede ser llamado a declarar a menos que su comparecencia se realizara de manera voluntaria.

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