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Cartas al Director
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El próximo 24 de septiembre tendrá lugar la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, si bien los actos de dicha festividad se realizaran en algunos centros penitenciarios este viernes 22, en otros el lunes 25, donde se concederán las medallas a los funcionarios que han cumplido los 25 años de servicio.

Un año más los funcionarios y trabajadores penitenciarios no tenemos nada que celebrar, por ello, la APFP no asistirá a los actos programados en ningún centro penitenciario, debido a la situación por la que atraviesa en estos momentos los funcionarios y laborales de prisiones, cuya Institución en estos momentos se encuentra como un Barco a la deriva, siendo los funcionarios y laborales los que sufrimos las consecuencias fundamentalmente por la nula eficiencia de nuestro Secretario General Ángel Yuste, dado que ni esta, ni se le espera, eso sí, ganando más de 123.000€ anuales. Por otro lado un Ministro del Interior que lleva más de 7 meses en el cargo y no se ha dignado en reunirse con los sindicatos de prisiones, pero tiene tiempo para enviar twitter y para atender a los medios de comunicación vendiendo solo su imagen, despreocupándose por completo de la situación tan dramática por la que está pasando los funcionarios y trabajadores de Instituciones Penitenciarias, por ello, todos los sindicatos que formamos la plataforma sindical, APFP, CCOO, CSIF Y UGT llevamos movilizándonos desde el mes de Marzo, continuando con más movilizaciones y de mayor envergadura hasta que nuestro Secretario General de Instituciones Penitenciarias sea cesado por el Ministro del Interior, haciendo responsable a su vez al propio Ministro por la despreocupación de su ministerio por la situación en la que se encuentran los funcionarios y laborales de Instituciones Penitenciarias, y ante el desprecio que está demostrado hacia los representantes de los trabajadores, no solo por la situación de falta de efectivos, también por la falta de iniciativa y de apoyo a los funcionarios que en estos momentos están trabajando con profesionalidad y rigor a pesar de las agresiones que sufren, dado que se trabaja con internos peligrosos, terroristas, o con la nueva amenaza del yihadismo, donde hay más de 180 internos en las prisiones Españolas, y tanto la SGIIPP como el Ministro del interior no se ha dignado a sentarse con los sindicatos para abordar de forma seria la problemática en prisiones.

Las cifras no engañan, prisiones se encuentra a la deriva y nadie toma decisiones , no se actúa, no hay implicación para que las cosas se mejoren, a nadie le importa la situación actual de los trabajadores.

Por otro lado las Ofertas de Empleo Público durante los últimos 11 años ha sido insuficientes, lo que ha provocado esta situación dramática de falta de funcionarios.

* 2007   950 plazas unificación de escalas

* 2008 1.010 plazas

* 2009 1.123 plazas

* 2010   230 plazas

* 2011     60 plazas

* 2012     0 plazas

* 2013     0 Plazas

* 2014   90 plazas

* 2015   275 plazas

* 2016 538 plazas

* 2017   772 plazas

número de funcionarios por cuerpo

Facultativo

Sanidad IIPP   A 1

379

Superior Técnico A1

807

Enfermeros IIPP A2

561

Especial IIPP A2

1.204

Ayudantes IIPP C1

18.328

Totales edades

21.279

                                              

Los funcionarios de los 83 centros penitenciarios superan de media los 46 años, habiendo centros con 52 años, como pueden ser Villabona (Asturias) Topas (Salamanca) Burgos, incluso el CIS Matilde Cantos Fernández (Granada) que la media es de 53 años. El número de funcionarios que hay actualmente en prisiones es de 21.274, cuando realmente lo que establecen las Relaciones de Puesto de Trabajo son 23.392, lo que supone un déficit de más de 2.118 efectivos, todo ello sin contar los funcionarios de las dos nuevas prisiones de Ceuta y Málaga II, ni el personal laboral, lo que suponen más 3.000 efectivos que al día de la fecha se necesitarían en prisiones para cubrir las vacantes.

Esta pérdida brutal de funcionarios está suponiendo en muchas prisiones tener módulos cerrados por falta de funcionarios para poder abrirlos, a pesar de haberse reducido la población reclusa de 73.832 internos en el año 2009, a 51.440 a fecha de septiembre del 2017, no habiéndose tenido en cuenta la falta de funcionarios en las OEP Ofertas de Empleo Público durante todos estos años, lo que traslada una mayor carga y desgaste de los funcionarios existentes al tener que asumir más funciones con menos efectivos, unido al aumento de la conflictividad al aglutinar a los internos en un menor número de módulos.

El barco está a punto de encallar si no se toman medidas excepcionales y urgentes, dado que más casi 500 funcionarios tienen más de 60 años, y más de 7.000 funcionarios tiene más de 51 años, lo que supone que entre 10 y 15 años se perderán estos efectivos por jubilación al cumplir la edad reglamentaria, afectando a las grandes promociones de los años 80, a lo que habrá que unir la perdida de funcionarios por muertes, incapacidad, enfermedades, etc, por ello, es necesario como mínimo una OEP Oferta de Empleo Público anual de al menos 1.000 plazas anuales durante los próximos 10 años, para cubrir las vacantes que se producirán, pero vemos con preocupación como el Secretario General de Instituciones Penitenciarias y el Ministro del Interior no les preocupa lo más mínimo esta situación de falta de efectivos que padecemos, solo piensan en el día a día, y salir del paso y ver quien se como este "marrón" en los próximos años, ya que ellos presumiblemente ya no estarán.

Pero la falta de efectivos también redunda en el aumento de las agresiones y en su gravedad hacia los funcionarios, dado que la proliferación de módulos de respeto, terapéuticos, libres de droga, en detrimento del resto de módulos donde se destinan a los internos que no son aptos o renuncian a los módulos de respeto, o que por sus perfiles conflictivos e inadaptados, junto con la mezcla de distintas nacionalidades, unido al problema más importante, que no es otro que los internos con trastornos psiquiátricos, problemas mentales, con tratamientos que suponen una cantidad elevada de medicación, y los problemas propios de una cárcel como la droga o situación económica de cada interno, etc todo ello es lo que conforma una conducta impredecible, lo que conlleva una agresividad elevada que luego se traslada entre los propios internos y hacia los funcionarios, produciéndose un aumento de las agresiones y con una mayor virulencia lo que comporta una mayor gravedad de las mismas, y donde estamos viendo el aumento exponencial de las lesiones graves a los funcionarios, por el simple hecho en la mayoría de los casos de salvaguardar la integridad física de los propios internos, y donde los estados de agitación provocan una fuerza inusitada de los propios internos a la hora de la intervención de los funcionarios.

Las cifras de agresiones en los últimos años, facilitadas por la SGIIPP son las siguientes.

año 2011 427

año 2012 406

año 2013 314

año 2014 359

año 2015 342

año 2016 360

año 2017 190 al día de la fecha

El protocolo de actuación frente a las agresiones, firmado por la SGIIPP solo con dos sindicatos CSIF y UGT, no está sirviendo al día de la fecha como un verdadero instrumento para afrontar la reducción de las agresiones, se necesita que la administración sea consciente de la situación y gravedad que se está produciendo por la falta de efectivos, y por otro lado la necesaria aprobación dentro de la Ley para que el funcionario de prisiones sea considerado autoridad en el ejercicio de sus funciones, lo que supondría que la población reclusa tendría en consideración las consecuencias antes de agredir a un funcionario, por la repercusión sancionadora que supondría tales hechos.

Pero no solo es la falta de efectivos y el aumento de las agresiones, lo que está llevando a prisiones a esta situación, tenemos actualmente a los funcionarios de las promociones del año 2014, y 2015 que han superado los 18 meses del periodo de prácticas y continúan sin ser nombrados funcionarios de carrera saltándose toda los plazos y normas que la propia SGIIPP ha publicado en el BOE.

Por otro lado la falta de una verdadera carrera profesional, donde la mayoría de los funcionarios tienen estudios superiores pero no tienen posibilidad de aspirar a otros puestos de niveles superiores, lo que supone la pérdida de un potencial humano preparado y capacitado que termina su carrera en un patio dedicado a la vigilancia y custodia de los internos, más aún, cuando la SGIIPP dispone de una escuela de formación paralizada que no se utiliza para formar a todos los funcionarios en igualdad de condiciones, pudiéndose realizar cursos de preparación y de formación con exámenes serios, rigurosos, para poder optar a puestos superiores, donde la homologación es fundamental como ocurre con la escuela de la Policía Nacional. Pero no hay voluntad política, no hay interés, y nuestros responsables no pueden escudarse en la falta de dinero, cuando vemos como se derrocha cantidades importantes en la celebración de la festividad de la Merced, o en fiestas de celebración de los 25 años de la apertura de determinadas prisiones, o donde el Gobierno lleva gastados más de 115 millones de Euros desde el 2014 al 2017 en la privatización para contratar vigilantes jurados por parte de empresas de seguridad, eso sí, no hay luego dinero para reponer mobiliario o para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios. En este sentido la APFP considera necesaria la Ley de la responsabilidad individual del cargo público, donde el responsable responda personalmente sin el amparo del Estado, y sea personalmente el que tenga que hacer frente a la demanda y la responsabilidad económica en su caso, cuando se realice algún gasto no estipulado en los presupuesto correspondiente.

Los funcionarios de este país fundamentalmente somos los que hemos pagado una mayor factura de la crisis económica que han generado los distintos Gobierno, tanto el PSOE como el PP, ahora el Gobierno presume de recuperación económica, y volvemos a ser los funcionarios a los que no se nos aplica la mejora económica, dado que el Señor Montoro de nuevo nos volverá a dejar a los funcionarios en la estacada, llevamos perdido más de un 20% de nuestro poder adquisitivo, además de haber perdido empleo público que es necesario en prisiones, y ahora pretenden que los sindicatos le avalen con su firma una subida salarial ridícula a todas luces para los próximos tres años.

La APFP apoya la negociación que el Gobierno está dispuesto a estudiar para la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con las Policías Autonómicas, pero también solicitamos desde APFP que se nos incluya a los funcionarios de prisiones en la equiparación salarial con los compañeros funcionarios de prisiones de Cataluña, o con la equiparación salarial con los agentes autonómicos.

Por todo ello, la APFP continuara con las movilizaciones hasta que nuestro Secretario General sea cesado por parte del Ministro o abandone su cargo y se produzca un verdadero cambio en la estructura anquilosada que tenemos en Instituciones Penitenciarias, donde muchos centros penitenciarios los mandos llevan más de 20 años sin ser relevados lo que está provocando el declive de la Institución arrastrando a los funcionarios y profesionales que en ella trabajamos, apostando desde la APFP por abordar seriamente la CREACIÓN DE UN ESTATUTO PROPIO PARA PRISIONES, para adaptar a Instituciones Penitenciarias y sus trabajadores a los sistemas Europeos actuales, y a los nuevos retos de futuro que se nos platean de forma global en el conjunto de actuaciones que comporta Instituciones Penitenciarias.

Madrid a 22 de Septiembre 2017                              

Presidente Nacional APFP

Francisco Javier López

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Ceuta, Martes 24 de Octubre del 2017

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