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Los cardiólogos alertan de que la Agencia Tributaria pone en serio riesgo el futuro de la formación de los médicos. Archivo
Sanidad
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La Sociedad Española de Cardiología (SEC) considera que la formación continuada y la actualización de conocimientos es una obligación ética, profesional y jurídicamente exigible para los médicos, para garantizar el mejor tratamiento posible para sus enfermos en cada momento.

Pero también es responsabilidad del empleador, que, para el sistema nacional de salud, donde trabajan la gran mayoría de los médicos en España, es la administración sanitaria (Gobierno de España-Ministerio de Sanidad, Comunidades Autónomas, Hospitales), el proporcionar los medios necesarios para promover dichas actividades formativas, tal y como recoge la Ley de garantías y uso racional del Medicamento.

Dichos organismos han hecho, desde hace ya muchos años, dejación casi absoluta de esta obligación para con sus trabajadores y profesionales sanitarios, por lo menos en lo que a aportación económica se refiere. Ante esta dejación, las sociedades científicas, depositarias del conocimiento médico, se han responsabilizado de la organización y realización de actividades formativas, como congresos, cursos, etc. En concreto, la SEC tiene un amplio programa formativo anual de la máxima calidad científica, e igual puede decirse del resto de sociedades médicas en España. Estos programas formativos han contribuido enormemente a la gran calidad de la asistencia del sistema sanitario español.

La organización de estos cursos y congresos conlleva un gasto económico importante. Los propios profesionales no pueden atender a estos gastos, debido al bajo nivel de salarios existentes en la sanidad pública española en relación con los de otros países desarrollados de nuestro entorno. Hasta ahora, ha sido la industria farmacéutica la que en su mayor parte ha contribuido a la financiación de estas actividades formativas, mediante becas no condicionadas a las sociedades científicas para  sufragar los gastos de participación en congresos y cursos formativos, todas ellas actividades que han sido organizadas de forma independiente por las sociedades científicas.

La reciente resolución de la Agencia Tributaria, señalando que el abono de estos gastos debe ser considerado como retribución en especies para el médico, y, por tanto, sujeto a tributación como ingreso en su impuesto de la renta, va a conllevar que los facultativos reduzcan su asistencia a actividades formativas, como los cursos y congresos médicos, organizados por las sociedades científicas, poniendo en peligro su formación y, lo que es más importante, provocando un riesgo para sus pacientes, al deteriorarse muy probablemente la calidad asistencial, estrechamente vinculada al mantenimiento de una formación adecuada de los profesionales.

Un médico mal formado, no actualizado en sus conocimientos, no es capaz de proporcionar el mejor tratamiento a sus enfermos y, además, produce un aumento del gasto para el sistema. 

Aunque esta decisión de Hacienda parece acorde a la normativa legal existente, ya presente en varias resoluciones de la Dirección General de Tributos desde hace más de diez años, no se había aplicado hasta la fecha, facilitando el mantenimiento y progreso de un sistema formativo de la máxima calidad y muy beneficioso para los enfermos.

¿Porqué este cambio ahora? Desde la SEC se considera que la decisión por parte de Farmaindustria, unilateral y arbitraria, de atribuir los gastos de formación a los médicos como si fueran ingresos que no reciben en ningún caso, ha sido el detonante de la decisión del Ministerio de Hacienda.

El decreto de Farmaindustria, en aras de un pretendido principio de defensa de la ética y la transparencia (que los médicos y las sociedades científicas comparten y defienden pero no en esos términos), supone publicar datos personales de los profesionales sanitarios sin su consentimiento, incurriendo en un agravio a la intimidad y a los derechos individuales de los mismos. Lo más sorprendente es que esta decisión cuenta con un informe supuestamente favorable de la Agencia de Protección de Datos, emitido hace un año, a petición de la propia Farmaindustria. El documento, según informes jurídicos de los que dispone la SEC, está basado en normas europeas ya derogadas y sin desarrollo reglamentario en España. Estas reglas son opuestas a las existentes en otros países europeos de nuestro entorno, más respetuosos con el derecho a la intimidad de las personas.

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) es una organización científica y profesional sin ánimo de lucro dedicada a incrementar el estado del conocimiento sobre el corazón y el sistema circulatorio, a avanzar en la prevención y el tratamiento de sus enfermedades y a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes cardíacos.

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Ceuta, Sábado 23 de Septiembre del 2017

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